Los canales de comunicación y gestión de irregularidades y denuncias son una herramienta de vital importancia para las organizaciones de cualquier tipo que permiten que cualquier persona pueda informar o denunciar sobre irregularidades reales o potenciales como corrupción, fraude, abuso de autoridad, discriminación, acoso, delitos, falta de ética, incumplimientos o cualquier otra cuestión que pueda ser relevante y poner en riesgo los valores, reputación e incluso exponer a fuertes sanciones a las organizaciones.
Las organizaciones, bien por cumplir su obligación legal, normativa o como parte de sus políticas de cumplimiento ético e integridad, deben desarrollar procedimientos, protocolos y políticas internas y canales de comunicación tanto internos como externos, para facilitar que cualquier parte interesada puede informar de forma segura, protegida y confidencial sobre irregularidades reales o potenciales. Los protocolos y políticas diseñados y establecidos deben abordar mecanismos de protección al denuciante además de los adecuados criterios para el tratamiento de las denuncias y procesos internos de investigación y acción disciplinaria. Resulta de vital importancia que los procesos establecidos cumplan las recomendaciones y/o exigencias de normativas nacionales e internacionales como ISO 37002, Directiva europea en materia de Protección a Denunciantes, ISO 37001, ISO 37301, UNE 19601, etc.
Los canales de comunicación y gestión de irregularidades y denuncias son una herramienta de vital importancia para las organizaciones de cualquier tipo que permiten que cualquier persona pueda informar o denunciar sobre irregularidades reales o potenciales como corrupción, fraude, abuso de autoridad, discriminación, acoso, delitos, falta de ética, incumplimientos o cualquier otra cuestión que pueda ser relevante y poner en riesgo los valores, reputación e incluso exponer a fuertes sanciones a las organizaciones.
Las organizaciones, bien por cumplir su obligación legal, normativa o como parte de sus políticas de cumplimiento ético e integridad, deben desarrollar procedimientos, protocolos y políticas internas y canales de comunicación tanto internos como externos, para facilitar que cualquier parte interesada puede informar de forma segura, protegida y confidencial sobre irregularidades reales o potenciales. Los protocolos y políticas diseñados y establecidos deben abordar mecanismos de protección al denuciante además de los adecuados criterios para el tratamiento de las denuncias y procesos internos de investigación y acción disciplinaria. Resulta de vital importancia que los procesos establecidos cumplan las recomendaciones y/o exigencias de normativas nacionales e internacionales como ISO 37002, Directiva europea en materia de Protección a Denunciantes, ISO 37001, ISO 37301, UNE 19601, etc.